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LA ESCUELA ENCADENADA PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 21 de Junio de 2006 16:28

Se exige calidad a la educación pública, sin considerar que está simplemente amarrada. A partir de la municipalización, el gobierno central perdió capacidad de regulación de la enseñanza, entregándose su responsabilidad a los municipios, muchos de los cuales no estaban en condiciones de preocuparse por ésta. La mayoría de ellos sufre de endémicos problemas económicos, careciendo de especialistas en gestión, académicos y visión como para acometer el desafío de una educación de calidad. No pocos municipios incluso han utilizado el dinero recibido de la subvención para otras urgencias.

Además, la subvención de 30 mil pesos mensuales por alumno hace imposible pretender una educación de calidad. Con ella no se puede financiar a buenos profesores, ni disponer de equipos para planificar y mejorar los procesos de aprendizaje, ni contar con bibliotecas o laboratorios, ni siquiera reparar baños o goteras. Los colegios particulares gastan en promedio más de 150 mil pesos mensuales por alumno. Sólo las municipalidades más ricas pueden complementar esa subvención con recursos propios. O sea, sólo se garantiza una educación pasable a los habitantes de las comunas pudientes y motivadas por educar. Más aún, esta segregación se acentúa con la facultad otorgada a las escuelas subvencionadas de cobrar colegiatura -en "financiamiento compartido"-, además de la subvención. Los alumnos más pobres van quedando segregados en las escuelas más malas.
A la pobreza estructural y sistémica de la mayoría de las municipalidades se suma la rigidez del Estatuto Docente, que obliga a los municipios a mantener en servicio aun a los malos profesores. Los municipios no pueden exonerar a directores ni a profesores, aunque sean perjudiciales, y tampoco los califica anualmente para hacerlos eventualmente exonerables por deficiente rendimiento; la educación particular sí puede exonerar a directores y profesores, además de elegir a sus alumnos.
Finalmente, la LOCE, al permitir la libertad de planes y programas propios, dejó prácticamente entregada la educación a las circunstancias económicas; solamente los liceos y escuelas dependientes de municipalidades más solventes pueden pretender, con personal calificado, elaborar sus propios planes y programas de estudio.
Entonces, ¿qué posibilidad tienen los municipios pobres, a cargo de la mayoría de los niños de Chile, de elaborar planes y programas de calidad, de pensar "proyectos educativos institucionales", de elevar los niveles de aprendizaje en cursos de 40 o 45 alumnos y sin material didáctico, con profesores inamovibles y no sujetos a evaluación ni a calificación de grado, muchos de ellos desconocedores del nuevo currículo escolar, cansados y desesperanzados?
No cabe duda de que la educación en Chile tiene que mejorar desde entregar mucho más dinero a los más pobres hasta la formación de profesores idóneos, con capacitación y evaluación continuas, con amplia educación preescolar y sin obviar la formulación de un currículo adecuado para el siglo XXI.
Para mejorar, pues, la educación pública, de poco servirán profesores bien formados, un currículo actualizado, la jornada escolar completa, buenos modelos evaluativos, un sistema de acreditación escolar eficiente o múltiples estímulos a los docentes, si se la mantiene estructuralmente amarrada, anclada en municipalidades, muchas de ellas incapaces de pensar la educación que les concierne ni de financiarla adecuadamente, y atada a profesores ineficientes.
Así la educación pública no puede competir. Este conjunto de amarras está provocando una profunda segregación cultural en Chile en función del dinero y del territorio, a despecho de toda equidad y de la descentralización proclamadas, reservando la educación de calidad a quienes pueden financiarla en el ámbito privado y condicionando a la educación pública a ser mala. A esta mala educación, estructuralmente encadenada, van los niños y jóvenes más pobres, en comunas y barrios a su vez separados y pobres. Últimas encuestas del propio Mineduc muestran que el 45 por ciento de los niños de las escuelas municipales pertenece a hogares que ganan menos de 110 mil pesos mensuales.

Renato Hevia
Escuela de Educación
U. Diego Portales

El Mercurio