¿La institución… o el político?
Las redes institucionales nacieron para informar a la ciudadanía; pero con el tiempo, en muchos casos, han terminado pareciendo vitrinas de la política.
Hoy casi todas las instituciones públicas tienen redes sociales. Ministerios, municipalidades, servicios, policías; todos comunicando algo todos los días. La idea original era simple: informar a la ciudadanía sobre trámites, campañas de salud, alertas, horarios o beneficios disponibles; información útil, directa, necesaria.
Con el tiempo, algo fue cambiando. Las redes institucionales siguieron informando, sí; pero cada vez apareciendo más las autoridades. Fotografías inaugurando obras, videos recorriendo barrios, imágenes entregando beneficios, autoridades explicando programas; todo real, nadie inventando nada. Pero repitiéndose algo que muchos ciudadanos ya vienen percibiendo desde hace tiempo: la comunicación institucional comienza a girar demasiado alrededor de las personas que ocupan los cargos.
Cuando eso ocurre, la sensación cambia un poco. La información pública empieza pareciendo otra cosa; no necesariamente propaganda directa, pero sí construcción de imagen política. Plataformas del Estado mostrando permanentemente a quienes lo administran; publicaciones donde la obra aparece, pero la autoridad aparece aún más.
Esto no ocurre solamente en Chile; también en varios países. Las redes sociales cambiaron completamente la forma en que los gobiernos se comunican con la ciudadanía. Antes la información pasaba por diarios, radio o televisión; hoy una institución hablando directamente desde su propia cuenta, sin intermediarios. Eso tiene ventajas evidentes, porque la información llega más rápido; pero también aparece una tentación difícil de ignorar: mostrar gestión, mostrar logros, mostrar presencia. Así, poco a poco, la línea entre información pública y promoción política comenzando a volverse más delgada.
No es raro escuchar comentarios ciudadanos que se repiten en distintos lugares: "parece campaña permanente", no siempre con mala intención; muchas veces simplemente porque la comunicación institucional termina girando alrededor de las autoridades. Ahí es donde está el punto delicado: las redes institucionales pertenecen al Estado; no a quienes circunstancialmente lo administran. Los gobiernos pasan; los cargos cambian; las instituciones permanecen.
Por eso ha ido tomando fuerza la idea de establecer reglas más claras para el uso de estas plataformas. En ese contexto aparece hoy un decálogo que busca ordenar el uso de redes sociales por parte de autoridades e instituciones públicas; no para limitar la comunicación, sino para recordar ciertos principios básicos.
Entre ellos, algunos bastante directos: no utilizar cuentas institucionales para fines personales; no bloquear ciudadanos por emitir opiniones; no usar recursos del Estado para favorecer o perjudicar candidaturas; no transformar las redes institucionales en vitrinas de la autoridad.
También estableciendo algo que parece obvio, pero que no siempre ocurre: la información oficial debería publicarse primero por los canales institucionales, no por las cuentas personales de quienes ocupan el cargo.
En el fondo, recordando una diferencia que a veces comienza a confundirse: una cosa es el Estado; otra cosa es el gobierno de turno y otra, muy distinta, la figura del político.
Por eso el valor de reglas claras. No para impedir que el Estado informe lo que hace; al contrario, para que esa información mantenga su sentido original: informar a la ciudadanía, no promover a las personas.
Porque al final la pregunta sigue siendo simple. Cuando el Estado habla; ¿quién está hablando realmente? ¿La institución o el político?
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El Decálodo del gobierno entrante:
- No realizar proselitismo político: Está estrictamente prohibido usar el cargo, las dependencias estatales o bienes institucionales para hacer propaganda, promover campañas o intervenir en reuniones de carácter político-partidista.
- No usar la cuenta institucional para fines personales: Los medios digitales del Estado solo pueden utilizarse para dar a conocer información directamente relacionada con el cumplimiento de las funciones propias de la institución.
- No bloquear usuarios unilateralmente: Las cuentas institucionales no deben bloquear a ciudadanos por emitir opiniones o expresiones en la plataforma, ya que esto vulnera el derecho a la información y participación.
- No publicar información oficial de forma previa o exclusiva en cuentas personales: Ningún ministro o funcionario puede entregar información obtenida en su cargo a través de su cuenta privada antes de que sea publicada por el canal institucional del servicio.
- No personalizar la difusión de actividades (Abuso de imagen): No se debe incorporar de manera reiterada la imagen de la autoridad asociada a la difusión de actividades institucionales, especialmente en periodos electorales, para evitar el beneficio personal con recursos públicos.
- No incluir enlaces a cuentas personales en sitios oficiales: Los sitios web y redes sociales institucionales no deben tener links que redirijan a las cuentas o casillas particulares de las autoridades, para no potenciar vías de comunicación ajenas a la función pública.
- No emitir expresiones ajenas al funcionamiento institucional: No se ajusta a derecho utilizar las redes sociales del organismo para emitir juicios o mensajes que no tengan relación directa con las tareas que el ordenamiento jurídico encomendó a la entidad.
- No discriminar al usar herramientas de restricción: Si bien se puede usar la “restricción de comentarios” para administrar la cuenta, esto nunca debe hacerse vulnerando los principios de igualdad y no discriminación.
- No favorecer o perjudicar candidaturas: Se prohíbe valerse de la autoridad o del cargo para beneficiar o dañar a determinados partidos políticos, tendencias o candidatos.
No ejercer actividad política en jornada laboral: Incluso en sus cuentas privadas, las autoridades solo pueden ejercer sus derechos políticos y emitir opiniones de esa naturaleza fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios.