China logró reunir a otros 28 países alrededor de una estrategia común de inteligencia artificial, puede parecerte una noticia lejana.
Otra cumbre internacional, otra fotografía de mandatarios y otra declaración cargada de buenas intenciones, pero si te detienes un momento, descubres que allí se está decidiendo algo que tarde o temprano también nos afectará: quién tendrá acceso a esta tecnología, quién establecerá sus reglas y qué países deberán limitarse a utilizar lo que otros desarrollen.
La nueva Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial tiene sede en Shanghái. Entre sus fundadores aparecen Rusia, Brasil, Cuba, Venezuela, Bielorrusia y Serbia, además de países de África y Asia. China les ofrece capacitación, intercambio de conocimientos, proyectos conjuntos y apoyo para desarrollar sus propias capacidades.
La propuesta apunta especialmente a naciones que no poseen grandes empresas tecnológicas ni recursos suficientes para competir por sí solas. Países que observan cómo la inteligencia artificial avanza a una velocidad difícil de seguir y temen quedar reducidos a simples consumidores. China parece haber entendido esa inquietud y encontró allí una oportunidad.
Estados Unidos mantiene una posición dominante gracias a sus grandes compañías, sus modelos y el control de tecnologías esenciales, como los chips más avanzados. China escogió otro camino: presentar sus modelos abiertos y su capacidad de desarrollo como una alternativa para quienes sienten que han quedado fuera.
Eso no significa que todo sea generosidad. En las relaciones entre países, especialmente cuando se trata de tecnología, pocas cosas se entregan sin esperar algo a cambio. Quien proporciona los sistemas, la capacitación y la infraestructura también puede terminar extendiendo su influencia y fijando las condiciones bajo las cuales otros trabajarán. La disputa, entonces, no consiste solamente en saber quién desarrollará la inteligencia artificial más poderosa. También se trata de decidir quién escribirá sus reglas y alrededor de qué potencia se agruparán los países que no pueden recorrer este camino por su cuenta.
Al conocer la iniciativa china, resulta inevitable preguntarse qué está haciendo Chile. La primera respuesta puede sorprender, porque nuestro país tiene una política de inteligencia artificial bastante más amplia de lo que se conoce.
Existe un plan con 177 iniciativas coordinadas por 14 ministerios. Algunas se relacionan con educación, salud, agricultura, transporte, empleo, capacitación, regulación y modernización de los servicios públicos. También se prepara infraestructura para aumentar la capacidad de cómputo y atraer nuevos centros de datos.
Probablemente el proyecto más importante sea Latam-GPT, desarrollado bajo el liderazgo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, junto con instituciones de otros países. Es un modelo abierto, preparado con información latinoamericana en español, portugués e inglés.
Su propósito es comprender mejor nuestra realidad y disminuir los errores y sesgos de sistemas entrenados principalmente con información proveniente de otras culturas. No pretende reemplazar a ChatGPT, sino convertirse en una base sobre la cual puedan construirse aplicaciones para la educación, la salud, los servicios públicos y otras necesidades de la región.No es un proyecto menor, de hecho, se parece bastante en su intención a lo que ahora China ofrece a los países en desarrollo: crear cierta capacidad propia para no depender completamente de las herramientas extranjeras.
También está en marcha SCAI-Lab, un laboratorio de supercómputo que reúne a 65 instituciones chilenas. Contar con esa capacidad es importante, porque desarrollar inteligencia artificial exige equipos costosos que nuestras universidades y centros de investigación no siempre tienen disponibles. Sin ellos, buena parte del trabajo debe realizarse contratando servicios fuera del país. A eso se suma el Plan Nacional de Data Centers, con el cual Chile aspira a convertirse en un centro tecnológico para América Latina. La ubicación geográfica, la conectividad y la disponibilidad de energías renovables aparecen como ventajas para atraer esas enormes instalaciones donde se almacena y procesa información.
Hasta ahí, el panorama parece alentador, sin embargo, cuando intentas reconocer esos avances en la vida cotidiana, la respuesta deja de ser tan clara. Cuesta encontrar personas que puedan decir que gracias a la inteligencia artificial consiguieron una atención médica más rápida, resolvieron un trámite que antes demoraba semanas o recibieron una respuesta oportuna de algún organismo público.
Lo que sí comienza a verse con claridad es su utilización para fiscalizar.
El Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos presentaron en Angostura un sistema de cámaras capaz de leer las patentes de vehículos de carga. Mediante inteligencia artificial puede reconocer determinados patrones, seleccionar automáticamente los camiones que deben ser controlados y registrar a quienes intenten evitar la fiscalización.
El SII también emplea programas que extraen información desde internet y la cruzan con antecedentes bancarios, facturas, declaraciones de impuestos, importaciones y relaciones entre sociedades. El objetivo declarado es descubrir redes vinculadas con el comercio ilegal, el contrabando y la evasión tributaria.
Está bien perseguir esas actividades, nadie podría sostener que el Estado debe mirar hacia otro lado frente al contrabando, el lavado de dinero o las grandes redes que abastecen al comercio ilegal. La duda aparece en otra parte.
¿Con qué criterios un sistema automático decide que un vehículo, una empresa o una persona tiene un comportamiento sospechoso? ¿Quién revisa sus errores? ¿Cómo puede defenderse alguien que fue seleccionado a partir de una conclusión equivocada? y algo todavía más cercano: ¿estas herramientas tendrán la misma eficacia para descubrir las complejas operaciones de los grandes grupos económicos o terminarán concentrándose en quienes resultan más fáciles de encontrar y controlar?
Chile tiene una política de inteligencia artificial mucho más amplia de lo que conocemos. Sin embargo, mientras sus beneficios sociales permanecen repartidos entre proyectos, planes y experiencias poco visibles, su capacidad para fiscalizar y recaudar ya comienza a mostrarse en las carreteras. La tecnología parece avanzar más rápido cuando se trata de saber quién no pagó que cuando se trata de descubrir quién lleva meses esperando una atención. Ahí está la contradicción que cuesta pasar por alto.
La inteligencia artificial no debería llegar a la vida de las personas únicamente para vigilarlas, clasificarlas o descubrir sus incumplimientos. También podría utilizarse para anticipar problemas de salud, disminuir las listas de espera, simplificar trámites, mejorar la educación y acercar los servicios públicos a quienes viven lejos de las grandes ciudades.
Mientras China reúne países y Estados Unidos intenta conservar su ventaja, Chile debe decidir qué lugar quiere ocupar. Puede limitarse a contratar sistemas extranjeros y adaptarse a las reglas impuestas por otros, o aprovechar lo que ya ha comenzado a construir para desarrollar una capacidad que responda a sus propias necesidades.
Talvez mañana la inteligencia artificial consiga que recibas a tiempo una atención médica, que no tengas que viajar para resolver un trámite o que una escuela rural disponga de herramientas hasta ahora impensadas. Por el momento, su presencia más concreta comienza a sentirse en la vigilancia y la fiscalización.
Entonces la pregunta ya no es solamente qué está haciendo Chile con la inteligencia artificial, también convendría saber para quién la está desarrollando y cuándo sus beneficios dejarán de formar parte de planes y anuncios para comenzar a sentirse en la vida de las personas.
Redacción: HD